Economía equipara en honorabilidad a condenados y directivos de cajas rescatadas

Vozpopuli - Miguel Alba

La nueva redacción del real decreto sobre honorabilidad bancaria permite al Banco de España cesar a un banquero "si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito sometidas a un proceso de reestructuración o resolución".

 La medida ha provocado una conmoción entre los posibles afectados por la generalidad de la redacción. "Quedamos desprotegidos", asegura un directivo

 

Los directivos de las entidades que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o resolución podrán ser cesados por el Banco de España en virtud del nuevo Real Decreto sobre Honorabilidad que prepara el Gobierno. Moncloa ha modificado la redacción inicial de la futura ley para incluir esta situación como uno de las condiciones que pueden restar honor a un banquero y provocar su salida de una entidad.

El texto, que se encuentra ahora sometido al dictamen del Consejo de Estado, asegura que para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible "incluyendo su actuación profesional, si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o resolución".

Esta nueva redacción equipara en honorabilidad a los directivos de cajas rescatadas, como puede ser el caso de José Ignacio Goirigolzarri, que llegó a la presidencia de Bankia para dirigir su plan de viabilidad, con banqueros imputados o incluso condenados, como es el caso de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander.

En Economía no quisieron valorar el porqué se ha decidido introducir la condición de ser directivo de una caja rescatada como hecho negativo. Un dato que este martes provocó muchas incertidumbres entre los aludidos. "Quedamos desprotegidos", aseguraba un directivo de una antigua caja que ha recibido ayudas públicas. "Según la nueva ley, el Banco de España puede comenzar a cesar a los banqueros afectados en cuanto se apruebe el decreto", continuaba.

Al igual que sucede con el resto de situaciones que restan honorabilidad a los banqueros, el supervisor tendrá que ser quien dictamine si decide tomar alguna decisión al respecto.

La nueva redacción también introduce innovaciones en el procedimiento de cese en el caso de los banqueros condenados. Así, el Banco de España deberá consultar a los jueces antes de decidir si puede autorizar a banqueros condenados, como es el caso de Sáenz, a continuar en su cargo según la nueva redacción del llamado "Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito".

Tras pasar por el proceso de audiencia pública, Economía ha decidido introducir un nuevo apartado que establece que "a efectos de valorar lo previsto en esta letra [sobre banqueros condenados], el Banco de España recabará informe del tribunal sentenciador, en los casos de delitos o faltas, donde este se pronuncie acerca de la incidencia de la condena sobre el cumplimiento del requisito de honorabilidad exigible".

En este sentido, en el Banco de España esperan recibir este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo, conocida la víspera, que asegura que el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituiría "una clara extralimitación del poder conferido por la Ley del Indulto al Gobierno". "Entonces, comenzará a estudiarse detenidamente por el gabinete jurídico del banco antes de tomar una decisión", explicaban este martes fuentes del supervisor.

En caso de que el Banco de España decidiera inhabilitar a Sáenz, el CEO del Santander ya no contará con un año de plazo para abandonar su puesto sino tan solo seis meses. Este ha sido otro de los cambios introducidos en la audiencia pública. Además, el supervisor dispondrá de dos meses, y no solo diez días, para valorar un caso.

El nuevo Real Decreto sustituye a una Ley de Entidades de Crédito de 1995, aún en vigor, que obliga automáticamente a la inhabilitación como banquero de un condenado por delitos dolosos con antecedentes penales. El Ministerio justifica el cambio por la necesidad de "trasponer" las directrices de la Autoridad Bancaria Europea.

Empleados se unen contra los gestores de España-Duero

La asociación «Cuentas Claras» prevé denunciar «los abusos» de directivos y consejeros.

Llevaban meses pensando en ello, pero fue el pasado día 7 cuando finalmente dieron el paso de realizar la inscripción de la primera asociación de empleados de España-Duero. Se llama «Cuentas claras» y su nombre lo dice todo.
La idea ha calado entre los trabajadores de la entidad y ya hay «un centenar» de personas interesadas en apuntarse a una agrupación que, como rezan sus estatutos ,«perseguirá aquellas decisiones que hayan producido quebrantos considerables y de las que se pueden derivar algún tipo de delito, dolo o imprudencia».
Su primer presidente, cuenta a ABC que una vez se organicen y la asociación tome cuerpo se plantean «acudir a los tribunales» en los casos que haya motivo.

Objetivos: Fernández y Llamas
De momento, ya cuentan con un abogado que les asesora y ya han marcado sus primeras dianas con  nombre y apellido. Se trata de dos «históricos» como el ex alcalde de León, Francisco Fernández, y el ex  presidente de Caja España y empresario, Santos Llamas. En el caso del político la razón para estudiar acudir ante el juez es que en su condición de trabajador en excedencia «se le despidiera con una prejubilación elevadísima». En concreto, antes de apartarse del PSOE, Fernández, que ejercía de vicepresidente de Caja España, recibió  más de 500.000 euros con el rechazo, eso sí, de una parte de los consejeros.
En cuanto a Llamas, el presidente de “Cuentas Claras” y sus compañeros no entienden que «se le mantuviera un riesgo de 80 ó 90 millones de euros» durante varios años, mientras al resto de los sectores  «se les cerraba el grifo». Éstas son solo alguna de las «prácticas» que han generado «malestar y dudas» entre los trabajadores de España-Duero porque «no se entienden los criterios que han seguido» para tomar «ésta y otras muchas decisiones».

En sus estatutos, que abren la posibilidad a que se «apunten» empleados de otras entidades, se asegura también que «de forma especial» se estudiarán las denuncias «por los abusos desmedidos en las indemnizaciones de directivos llevados a cabo en los últimos años», pero además se analizarán «los salarios desproporcionados asignados a los actuales».
Para cumplir con estos objetivos, «Cuentas claras» anuncia que denunciará  ante la fiscalía anticorrupción, los tribunales y los medios de comunicación  cualquier indicio de delito y «cualquier decisión tomada por los gestores y consejos de administración que hayan provocado pérdidas económicas». Al  respecto, exigirán que se depuren «responsabilidades» en lo civil y mercantil a los integrantes de los consejos, directores generales y presidentes de los últimos años.