Llamas amasó 62 millones en créditos como presidente de Caja España

ABC. es - J. M. AYALA / VALLADOLID - 09/06/2013

El juez investiga por qué le concedieron periodos de carencia y se renovaron préstamos cuando había impagos

Hablar del paso de Santos Llamas primero como presidente de Caja España y luego al frente de la fusión con Duero en sus primeros meses «daría para un tratado». La frase es del consejero de Economía, Tomás Villanueva, que respondía así a la pregunta sobre las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de León para investigar la concesión de préstamos al que fue máximo responsable de la entidad leonesa durante casi un lustro y con dos vicepresidentes de «postín» como el ex alcalde de León, Francisco Fernández, y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.

Más allá de cómo acabe el caso (si hay caso) el fiscal ya ha dado una serie de instrucciones ante los indicios de un delito de administración desleal por la concesión entre 2006 y 2011 de 70 millones de euros mediante las fórmulas más diversas -desde préstamos hipotecarios hasta a promotores pasando por líneas de riesgo, de descuento, tarjetas de crédito, ampliaciones, cuentas de crédito, línea de avales, préstamos personales, a familiares para una vivienda, anticipos salariales para parientes y renovaciones de avales a empresas vinculadas-. Del total del dinero concedido al ya ex consejero de la entidad, 62 millones lo fueron en Caja España, aunque el fiscal también averiguó que el responsable del Grupo Carriegos solicitó y recibió otros siete millones de Caja Duero durante el mismo periodo.

Tras analizar toda la información -menos de la reclamada- los motivos que le han animado a solicitar la apertura de diligencias previas pasan por unos impagos que superarían los 40 millones de euros y algunas actuaciones «muy generosas» como que se le permitiera largos periodos de carencia -dos y tres años- en los que no tenía que pagar ni el principal ni intereses en la Caja. De hecho, según fuentes del propio Consejo, habría sido el final de ese tiempo de gracia el que habría «animado» a Llamas a marcharse de la entidad hace unos meses.

Inferiores a los de otros empresarios 

Sin embargo, también desde el principal órgano de gobierno de la entidad se defiende que los préstamos concedidos a Llamas son inferiores a los autorizados para otros empresarios «del mismo nivel». Además, justifican que no tuviera que afrontar los vencimientos durante unos años porque ésta era la práctica habitual de la entidad durante la crisis para evitar que aflorarase la morosidad.

El último argumento de los consejeros -pueden ser llamados a declarar tanto los de Caja España como los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero- es que tenían el visto bueno de la Junta. Al respecto, el propio Villanueva -y también el fiscal- explicaron que el Gobierno regional «no valora los criterios de oportunidad» de los créditos que se con ceden.

Más allá de la legalidad o la conveniencia de las actuaciones, lo cierto es que el hombre que fue propuesto para presidir Caja España con el consenso de las principales fuerzas políticas de la Comunidad -la apuesta por un empresario de la construcción para dirigir un entidad financiera ahora no se entendería- obtuvo el «ok» a un total de 55 operaciones de crédito en la entidad leonesa que pudieron ser más si no se le hubiera cerrado el «grifo» en los últimos tiempos después de que también fuera el «elegido» con reparos en el PP y apoyo absoluto del PSCL- para ser el primer mandatario de la fusión con Duero ya en 2010.

Como el mismo Llamas señala, muchos de esos créditos de su época de presidente son novaciones procedentes de épocas anteriores. A ello se agarra para desvincular estas concesiones a su condición de presidente, cargo por el que se apartó de algunos de sus negocios -la Clínica San Francisco, entre ellos- aunque llama la atención, por ejemplo, que sólo en 2008 le aprobaran 23 operaciones de crédito por valor de más de 42 millones de euros. Tanto el año anterior como el posterior la cifra rondó los siete, mientras que en 2011 cerró sus últimas siete operaciones por valor de 2.5 millones. En unos meses se sabrá si estas prácticas tuvieron un componente delictivo.